Sebastián Chun
Haciendo Cine - nº 97 - Octubre 2009 – p. 6
Cuando un candidato gana las elecciones imitando a su propia caricatura televisiva, cuando la inseguridad pasa de ser el único tema de interés a desaparecer casi por completo de nuestra cotidianidad tras esas mismas elecciones, cuando la Gripe A nos llena de pánico mientras que el Mal de Chagas no deja de ser un cuento fantástico, no es necesario leer a Umberto Eco o la escuela de Frankfurt para reconocer que discutir un nuevo proyecto de ley de medios audiovisuales es discutir sobre la construcción de nuestra realidad. En otras palabras, preguntarse por unos medios más democráticos es preguntarse por una democratización de lo real. Entonces, antes de toda polémica, debemos preguntarnos qué entendemos por democracia. Aquí podemos resumir diciendo que un sistema democrático es aquel en el que todos tienen voz, es decir, en el que el demos que gobierna resulta ilimitado e incondicional. Siguiendo esta fórmula, ideal e inalcanzable pero por eso mismo necesaria, entendemos por qué una ley de medios que aspire a una construcción democrática de nuestra realidad, en la cual más voces puedan participar de la misma, implica una lucha fundamental contra la mano invisible del mercado. Limitar a los distintos poderes económicos y su capacidad de monopolizar el discurso sobre lo real no responde a un capricho de turno, sino a una aspiración democrática insoslayable. Los medios son también fines en sí mismos y su relato sobre nuestro mundo es el único modo de acceso al mismo. Por lo tanto, el dueño de esta herramienta, si es el único, dispone de un arma de destrucción masiva cuando la utiliza para sus propios intereses. Así, un canal televisivo puede volcar toda su programación en función de una campaña política, llegando incluso a hacer del famoso "minuto a minuto" un boca de urna letal. De esta manera, la discusión por una ley de medios más democrática no debe implicar el sueño de un acceso más legítimo a nuestra realidad o de unos medios más verdaderos que los vigentes, sino que debe abogar por una pluralidad de interpretaciones que permitan a la audiencia ejercitar su propia lectura del mundo. Los medios nunca alcanzarán la "verdadera" realidad, pero si gracias a la diversidad de perspectivas podemos reconocer el carácter ficticio de cualquier discurso, surge de allí como por arte de magia un espíritu crítico en potencia.
Sin embargo, si nos preguntamos por la democracia debemos reconocer el límite fundamental que significa para ella la forma estatal que toma en la actualidad. Si bien la figura del Estado resulta vital para contener a los poderes económico-financieros que reclaman una cada vez mayor libertad de mercado, también es necesario reconocer un límite para el poder soberano. La totalización de lo real por parte de los poderes económicos resulta mortal, y lo mismo sucede con la correspondiente univocidad que implica la construcción de un Estado-nación. Homogeneidad y universalidad son dos anhelos de todo Estado a la hora de enfrentarse a lo diferente, por lo tanto, existe en su seno un carácter anti-democrático por excelencia. Y por esto las críticas al proyecto de ley que impulsó el ejecutivo (pero que no es "K", porque su origen está en otro lado y en el trabajo de otros) fueron de lo más importante. Desligarnos del monopolio comercial no implica caer en el monopolio estatal. Luego, la propuesta de Proyecto Sur, entre otros, de pensar los medios audiovisuales como de dominio público y su consecuente crítica hacia la conformación de la autoridad de aplicación de la ley se vuelven una apuesta más por la democracia, una que en última instancia trascendería la propia lógica estatal. Crítica y perfectibilidad infinita, he aquí las características vitales de una democracia digna de ese nombre.
Los otros críticos, opositores por profesión que reivindican la panacea del COMFER y se ocultan bajo la Fundación Valores o salen con los tapones de punta a inundar las pantallas de TN y América 24, olvidan los modos sutiles de la censura hoy en día vigente. En lo que nos concierne, para gran parte del cine nacional y para producciones extranjeras que proponen otro tipo de cine, las propias reglas del mercado resultan trágicas. Sospechar de la "mordaza" estatal se vuelve poco legítimo cuando no se reconoce la "mordaza" actual que opera día a día en los medios de nuestro país. Si Leonardo Favio levantó de manera anticipada su Aniceto (aunque después lo re-estrenara con un nuevo envión), si Lisandro Alonso o Pablo Fendrik estrenan sus films en una única sala, si otros realizadores silenciosos nunca podrán ver sus obras proyectadas en pantalla grande, esto quiere decir que algo no funciona bien para ciertas producciones locales. Y esto no es nacionalismo barato, sino una aspiración a una democracia prometida. Hay que comprender que no siempre la posibilidad de acceder a una obra depende de la calidad de esta última, sino que el factor económico determina su "valor". Qué es cine y qué no lo dictamina el mercado, y a los espectadores sólo nos queda el consuelo de las salas marginales o el DVD que pasa de mano en mano. Que el cine ahora tenga también una cuota de pantalla para televisión es alentador (recordemos que la cuota de pantalla para salas ya está vigente) y promete un salto cualitativo para la industria cinematográfica nacional, que muchas veces se ve derrotada de antemano ante los tanques de siempre. Según el proyecto de ley, toda señal de televisión deberá emitir por año 6 películas nacionales en estreno para su área de cobertura, de las cuales hasta 3 pueden ser telefilms. Éstas deben ser producidas mayoritariamente por productoras independientes nacionales y sus derechos de antena serán adquiridos antes del inicio del rodaje. Desde ya que hay aclaraciones puntuales para las señales con menor cobertura y las extranjeras, y aunque originalmente estaban excluidas de este beneficio las películas realizadas con el apoyo del INCAA, una de las modificaciones incluyó a estas últimas dentro del alcance de la ley. Ahora bien, ¿esto quiere decir que veremos otro cine por televisión? No necesariamente, pero al menos invita a ilusionarse, admitiendo que la puesta en práctica de la fría y formal ley promete no pocas dificultades. Una de ellas, no la menos importante, tendrá que ver con el imperio del raiting y su posible intromisión en la definición del próximo cine nacional.
A modo de conclusión más que provisoria, debemos utilizar una falacia muy efectiva en este punto y recordar que si en la nueva ley de medios cambiamos la expresión "Seguridad Nacional" por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y si en lugar de estar ligada a nombres como Videla y Martínez de Hoz esta ley lo está a nombres como Pérez Esquivel y Estela de Carlotto, algo debe querer decir. Pero esto no significa que debamos aceptarla ciegamente, sino recordar que esto que tenemos ahora no es "la" democracia, y que si bien se está dando un paso fundamental, debemos acompañarlo con una pedagogía de lo audiovisual que vuelva innecesaria toda supervisión por parte del Estado. No alcanza con abrir la oferta, sino que es necesario brindar los medios para enfrentarse y apropiarse críticamente de los medios y romper con toda tutela. Es necesaria y urgente, para complementar esta nueva ley, una pedagogía de la libertad.
Haciendo Cine - nº 97 - Octubre 2009 – p. 6
Cuando un candidato gana las elecciones imitando a su propia caricatura televisiva, cuando la inseguridad pasa de ser el único tema de interés a desaparecer casi por completo de nuestra cotidianidad tras esas mismas elecciones, cuando la Gripe A nos llena de pánico mientras que el Mal de Chagas no deja de ser un cuento fantástico, no es necesario leer a Umberto Eco o la escuela de Frankfurt para reconocer que discutir un nuevo proyecto de ley de medios audiovisuales es discutir sobre la construcción de nuestra realidad. En otras palabras, preguntarse por unos medios más democráticos es preguntarse por una democratización de lo real. Entonces, antes de toda polémica, debemos preguntarnos qué entendemos por democracia. Aquí podemos resumir diciendo que un sistema democrático es aquel en el que todos tienen voz, es decir, en el que el demos que gobierna resulta ilimitado e incondicional. Siguiendo esta fórmula, ideal e inalcanzable pero por eso mismo necesaria, entendemos por qué una ley de medios que aspire a una construcción democrática de nuestra realidad, en la cual más voces puedan participar de la misma, implica una lucha fundamental contra la mano invisible del mercado. Limitar a los distintos poderes económicos y su capacidad de monopolizar el discurso sobre lo real no responde a un capricho de turno, sino a una aspiración democrática insoslayable. Los medios son también fines en sí mismos y su relato sobre nuestro mundo es el único modo de acceso al mismo. Por lo tanto, el dueño de esta herramienta, si es el único, dispone de un arma de destrucción masiva cuando la utiliza para sus propios intereses. Así, un canal televisivo puede volcar toda su programación en función de una campaña política, llegando incluso a hacer del famoso "minuto a minuto" un boca de urna letal. De esta manera, la discusión por una ley de medios más democrática no debe implicar el sueño de un acceso más legítimo a nuestra realidad o de unos medios más verdaderos que los vigentes, sino que debe abogar por una pluralidad de interpretaciones que permitan a la audiencia ejercitar su propia lectura del mundo. Los medios nunca alcanzarán la "verdadera" realidad, pero si gracias a la diversidad de perspectivas podemos reconocer el carácter ficticio de cualquier discurso, surge de allí como por arte de magia un espíritu crítico en potencia.
Sin embargo, si nos preguntamos por la democracia debemos reconocer el límite fundamental que significa para ella la forma estatal que toma en la actualidad. Si bien la figura del Estado resulta vital para contener a los poderes económico-financieros que reclaman una cada vez mayor libertad de mercado, también es necesario reconocer un límite para el poder soberano. La totalización de lo real por parte de los poderes económicos resulta mortal, y lo mismo sucede con la correspondiente univocidad que implica la construcción de un Estado-nación. Homogeneidad y universalidad son dos anhelos de todo Estado a la hora de enfrentarse a lo diferente, por lo tanto, existe en su seno un carácter anti-democrático por excelencia. Y por esto las críticas al proyecto de ley que impulsó el ejecutivo (pero que no es "K", porque su origen está en otro lado y en el trabajo de otros) fueron de lo más importante. Desligarnos del monopolio comercial no implica caer en el monopolio estatal. Luego, la propuesta de Proyecto Sur, entre otros, de pensar los medios audiovisuales como de dominio público y su consecuente crítica hacia la conformación de la autoridad de aplicación de la ley se vuelven una apuesta más por la democracia, una que en última instancia trascendería la propia lógica estatal. Crítica y perfectibilidad infinita, he aquí las características vitales de una democracia digna de ese nombre.
Los otros críticos, opositores por profesión que reivindican la panacea del COMFER y se ocultan bajo la Fundación Valores o salen con los tapones de punta a inundar las pantallas de TN y América 24, olvidan los modos sutiles de la censura hoy en día vigente. En lo que nos concierne, para gran parte del cine nacional y para producciones extranjeras que proponen otro tipo de cine, las propias reglas del mercado resultan trágicas. Sospechar de la "mordaza" estatal se vuelve poco legítimo cuando no se reconoce la "mordaza" actual que opera día a día en los medios de nuestro país. Si Leonardo Favio levantó de manera anticipada su Aniceto (aunque después lo re-estrenara con un nuevo envión), si Lisandro Alonso o Pablo Fendrik estrenan sus films en una única sala, si otros realizadores silenciosos nunca podrán ver sus obras proyectadas en pantalla grande, esto quiere decir que algo no funciona bien para ciertas producciones locales. Y esto no es nacionalismo barato, sino una aspiración a una democracia prometida. Hay que comprender que no siempre la posibilidad de acceder a una obra depende de la calidad de esta última, sino que el factor económico determina su "valor". Qué es cine y qué no lo dictamina el mercado, y a los espectadores sólo nos queda el consuelo de las salas marginales o el DVD que pasa de mano en mano. Que el cine ahora tenga también una cuota de pantalla para televisión es alentador (recordemos que la cuota de pantalla para salas ya está vigente) y promete un salto cualitativo para la industria cinematográfica nacional, que muchas veces se ve derrotada de antemano ante los tanques de siempre. Según el proyecto de ley, toda señal de televisión deberá emitir por año 6 películas nacionales en estreno para su área de cobertura, de las cuales hasta 3 pueden ser telefilms. Éstas deben ser producidas mayoritariamente por productoras independientes nacionales y sus derechos de antena serán adquiridos antes del inicio del rodaje. Desde ya que hay aclaraciones puntuales para las señales con menor cobertura y las extranjeras, y aunque originalmente estaban excluidas de este beneficio las películas realizadas con el apoyo del INCAA, una de las modificaciones incluyó a estas últimas dentro del alcance de la ley. Ahora bien, ¿esto quiere decir que veremos otro cine por televisión? No necesariamente, pero al menos invita a ilusionarse, admitiendo que la puesta en práctica de la fría y formal ley promete no pocas dificultades. Una de ellas, no la menos importante, tendrá que ver con el imperio del raiting y su posible intromisión en la definición del próximo cine nacional.
A modo de conclusión más que provisoria, debemos utilizar una falacia muy efectiva en este punto y recordar que si en la nueva ley de medios cambiamos la expresión "Seguridad Nacional" por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y si en lugar de estar ligada a nombres como Videla y Martínez de Hoz esta ley lo está a nombres como Pérez Esquivel y Estela de Carlotto, algo debe querer decir. Pero esto no significa que debamos aceptarla ciegamente, sino recordar que esto que tenemos ahora no es "la" democracia, y que si bien se está dando un paso fundamental, debemos acompañarlo con una pedagogía de lo audiovisual que vuelva innecesaria toda supervisión por parte del Estado. No alcanza con abrir la oferta, sino que es necesario brindar los medios para enfrentarse y apropiarse críticamente de los medios y romper con toda tutela. Es necesaria y urgente, para complementar esta nueva ley, una pedagogía de la libertad.
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